En lo que va del año, WOLA ha registrado al menos 82 asesinatos de líderes de derechos humanos en Colombia o miembros de comunidades étnicas vulnerables en el país. A continuación hay una lista de los incidentes que ocurrieron desde nuestra última actualización mensual. Juntos, apoyamos a nuestros socios en Colombia para pedir justicia
Líder indígena de la Nasa asesinado (Valle del Cauca)
El 25 de agosto, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) informó el asesinato de la líder indígena Florelia Canas. No se sabe quién está detrás de este asesinato. La ONIC hace un llamado al gobierno colombiano para que investigue a fondo este asesinato y para que la UNP actúe dada la gravedad de los problemas de seguridad que enfrentan los líderes indígenas al tomar medidas efectivas para enfrentar esta crisis. Florelia deja atrás a dos niños de 12 y 13 años.
Chamán Embera Chamí asesinado (Valle del Cauca)
El 6 de agosto, Víctor Chechegamo Tocobio, el mayor Jaibana (o líder chamán), fue asesinado en el asentamiento indígena Dai Umada Mía, ubicado en el municipio de El Dovio. Fue encontrado muerto con su cuerpo con múltiples heridas de bala. El asesinato de Víctor se produce después del asesinato el 28 de mayo de Amilkar Yagarí Siagama, marcando la segunda vez este año que un líder indígena fue asesinado en El Dovio. Él tenía 68 años.
Maestro indígena asesinado (Putumayo)
Según la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), hombres desconocidos mataron a Amparo Fabiola Rodríguez Muchavisoy, maestra de la comunidad de Kamentsa y su esposo Alonso Taicus Guanga (tribu Awá). miembro) el 2 de septiembre. Tres desconocidos irrumpieron en la casa de la pareja y procedieron a dispararles a ambos varias veces. La hija de la pareja, que también estaba en la casa, resultó herida. En 2018, 12 líderes sociales fueron asesinados en Putumayo. OPIAC insta al gobierno colombiano a investigar estos asesinatos y a proteger adecuadamente a los líderes sociales.
Miembro de la comunidad Embera Chamí asesinado (Valle del Cauca)
El 29 de agosto, Ernesto Tocobia Guaurabe, de la comunidad Embera Chami, fue asesinado en Garrapatas, municipio de El Dovio. La Gran Nación Emberá informa que dos hombres armados lo detuvieron y detuvieron a Ernesto en la calle y le dispararon dos veces en la cara. Según la Gran Nación Emberá, la tierra donde vive Ernesto está en disputa. Fue asesinado por personas no indígenas que buscaban apoderarse de esta tierra para comenzar actividades ilícitas en ella. Ernesto tenía 52 años.
Miembro de la Comunidad de Reserva de Honduras Asesinado (Cauca)
El 23 de agosto, un grupo armado disparó y mató a Libaney Andrade Epe, un miembro de la comunidad, en la Reserva de Honduras. La comunidad sospechaba que el frente «Carlos Patiño» del frente de las FARC-EP era responsable porque habían traspasado la reserva en varias ocasiones. Como resultado, el sistema de justicia indígena arrestó a un hombre asociado con el grupo FARC-EP hasta una mayor investigación. Sin embargo, logró escapar de la prisión después de unos días. Los ancianos de la tribu responsabilizan al frente de Carlos Patiño por el asesinato de Libaney. Piden el arresto de todos sus miembros, incluido el comandante, Ferney Díaz, alias «Posillo». La ONIC hace un llamamiento al gobierno colombiano para que apoye la investigación del asesinato y brinde apoyo a la familia Libaney.
Miembro de la comunidad nasa asesinado en choque con las Fuerzas Armadas colombianas (Cauca)
El 23 de agosto, Fredy Julian Conda Dagua de la comunidad Nasa fue asesinado en un enfrentamiento con las fuerzas armadas colombianas. Las fuerzas involucradas incluyeron el ejército colombiano, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD) y la policía. Las disputas por la tierra entre los Nasa y los habitantes de esas tierras llevaron a los terratenientes a llamar a las fuerzas armadas colombianas para que pudieran desalojar a los indígenas que están reclamando sus tierras ancestrales. El uso de la fuerza letal contra civiles desarmados resultó en que Fredy recibiera un disparo en la cabeza con una bala perdida. Al principio estuvo en coma pero después de ser transportado a Cali, los médicos se vieron obligados a desconectarlo y murió pocos días después. Él tenía 24 años.
Acompañante de Seguridad del Secretario General de AICO Amenazado y Asaltado (Nariño)
El 31 de agosto, la ONIC informó que Edwin Cuaspud Nazate, un guardaespaldas, fue amenazado y golpeado. Esto ocurrió pocos minutos después de dejar a Manuel Jesús Cuaspa, Secretario General de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Edwin fue interceptado por tres sujetos armados que rompieron la ventanilla de su coche y preguntaron por el paradero de Manuel Jesús. Los agresores robaron las llaves del auto de Edwin, su teléfono celular, y procedieron a golpearlo. La ONIC solicita que el UNP proporcione a Manuel un vehículo blindado adecuado y que garanticen su seguridad.
Comunidad indígena aterrorizada con violencia (Cesar)
El 23 de agosto, los pueblos de Wiwa de Tezhumke fueron aterrorizados por hombres vestidos con una máquina de tiro militar en su comunidad. La Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas (DDHHPI, por sus siglas en inglés) también informó sobre la presencia de hombres que vestían uniformes militares y portaban armas de gran calibre. La organización Wiwa Yugumaiun Bunkunarrua Tayrona preguntó a las fuerzas armadas colombianas si había actividad militar en la región. El comandante respondió que no se estaba llevando a cabo tal actividad, pero que investigarían al día siguiente. No aparecieron al día siguiente. Sin embargo, unos días después, la comunidad informa que supuestamente miembros del ejército ingresaron a la reservación en una camioneta blanca que tenía sus emblemas cubiertos con cinta adhesiva negra. Los hombres que vestían camuflaje preguntaron a los miembros de la comunidad sobre el paradero de individuos de alto perfil dentro de la comunidad. Estos incidentes apuntan al desplazamiento de 75 familias de la reserva.
Amenazas de muerte contra toda la comunidad de la Nasa (Casanare)
El 23 de agosto, la comunidad Nasa Kiwe Fxiw en Yopal recibió una amenaza de muerte colectiva. A principios de ese mes, recibieron una carta que le da a la comunidad 30 días para abandonar la ciudad. De acuerdo con esta amenaza, si la ciudad no fue abandonada en 30 días, el líder de la comunidad, Wilmer Aranda, «tendrá la boca llena de moscas». El gobierno colombiano debe realizar una investigación completa de estas amenazas. El UNP debe aumentar la seguridad de toda la comunidad, prestando especial atención a Wilmer Aranda.
La policía antidisturbios dispara a indígenas (Cauca)
El 14 de agosto, la ONIC informó que el ESMAD disparó contra los 10 miembros de la Reserva Laguna-Siberia y los hirió gravemente. Esto ocurrió durante un altercado que tuvo lugar antes de una visita conjunta del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras a esta reserva.
Agresores y torturas militares Agricultores en Catatumbo (Norte de Santander)
El 8 de septiembre, la ONG no gubernamental Minga informó que miembros del ejército colombiano detuvieron a campesinos en el municipio de Convención. Durante esta detención, los granjeros alegan que fueron amenazados y torturados. Un granjero casi se asfixia cuando los soldados le colocan una bolsa de plástico sobre la cabeza. A Bellamin Pérez, presidenta de la Asociación de Juntas de La Trinidad, le dijeron que los campesinos eran cómplices de las guerrillas y que cualquier persona vista cerca de las guerrillas sería asesinada y desaparecería. Los agricultores afirman que los soldados declararon que «bajo el mandato actual de Uribe» podían hacer lo que quisieran. Minga insta al presidente Ivan Duque a cumplir su promesa durante su reciente viaje a Tibú, donde dijo que los residentes de Catatumbo estarían garantizados.
Comunidad afrocolombiana con probabilidades de ser despojada de tierra (Chocó)
El 3 de septiembre, Miguel Hoyos fue informado que su familia será despojada de las 40 hectáreas de tierra que le pertenecen y la comunidad Quebrada Montería. Miguel Hoyos está perdiendo su tierra ancestral y no es nuevo en esta lucha. En 2008, su hermano, Walberto, fue asesinado por paramilitares por defender los derechos a la tierra de su familia.
Líderes de ACIN amenazados por paramilitares (Valle del Cauca / Cauca)
El 5 de septiembre, las Águilas Negras enviaron una amenaza de muerte a la Reserva Indígena Triunfo Cristal Páez. La carta declara que los líderes de la Asociación de Consejos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) de Corinto y Miranda (Cauca) y Pradera y Florida (Valle del Cauca) son objetivos militares. El mes pasado, los líderes en ciudades similares recibieron cartas amenazadoras de las Águilas Negras. En julio, las Águilas Negras amenazaron a múltiples autoridades indígenas de la Reserva Triunfo Cristal Páez. Los paramilitares declararon que eran objetivos militares por presuntamente involucrarse en la corrupción porque apoyaban al candidato presidencial, Gustavo Petro.
El 4 de julio, Ágremiro Bubu, un miembro de esta comunidad, fue abordado por dos hombres armados que lo ataron a un árbol y lo interrogaron. Le pidieron que les dijera el paradero de las personas mencionadas en la amenaza de muerte. Ágremiro se negó y finalmente fue dejado ir. Le dijeron que no le dijera a nadie sobre esto si valoraba las vidas de quienes lo rodeaban. Una situación similar ocurrió el 16 de julio cuando María Del Pilar, otro miembro de esta comunidad, fue detenida y se le pidió revelar el paradero de los líderes indígenas Aldivey Dagua y Enelia Mestizo. María fue liberada. Sin embargo, ella y su familia se vieron desplazadas por temor a otro secuestro o daño.
Grupo Disidente de las FARC recluta por la fuerza a una hija líder indígena (Putumayo)
El 7 de mayo, Derly Yeidith Villegas Márquez, la hija de 14 años del gobernador del municipio indígena Beicocha Guajira, fue abordada por cinco miembros del primer Frente disidente de las FARC. Los hombres procedieron a reclutarla por la fuerza. Según OPIAC, la madre de Derly se llevó a su hija de los disidentes. Como resultado, la familia fue desplazada a Mocoa.
Defensor del pueblo comunitario desplazado por amenazas de muerte (Antioquia)
Según la Confraternidad de Reconciliación (FOR), el Defensor del Pueblo de San José de Apartadó, Marco Fidel Hernández, se vio obligado a abandonar el área después de recibir amenazas de muerte por grupos paramilitares en mayo de 2018. Marco decidió abandonar Apartadó cuando quedó claro que no se tomarían medidas para garantizar su protección.
Periodista y defensor de los derechos humanos recibe amenazas de muerte (Huila)
FOR informó que a mediados de agosto, la periodista y defensora de los derechos humanos Sirly Chimonja de Comunidades Construyendo la Paz en los Territorios (CONPAZ) del municipio de Pitalito ha recibido amenazas de muerte. Se han hecho llamadas amenazadoras a la familia de Sirly y ella misma ha recibido varios mensajes amenazantes.
Gobernador de Ette Ennaka herido por la policía (Magdalena)
El 14 de septiembre, el gobernador de Ette Ennaka Jorge Ariza y uno de sus hermanos supuestamente fueron golpeados por la Policía Nacional. Los hermanos fueron golpeados y golpeados por violar una ambigua ley de motocicletas que ninguna de las otras personas en el camino parecía estar violando. Jorge estuvo detenido desde la medianoche hasta las 5 a. M. No recibió atención médica por su mano rota hasta después de ser liberado.
El gobernador de Awá es atacado y robado (Nariño)
El 4 de julio, hombres armados llamaron a la puerta del gobernador Awá Norberto Franklin Pai Ortiz para exigir su ingreso. Norberto se negó a dejarlos entrar. Los actores armados entraron por la fuerza a la fuerza, golpearon a Nestor y le robaron su motocicleta y documentos. Norberto recibió la orden de renunciar a su puesto como gobernador del pueblo awá. Este incidente fue reportado al departamento de policía de Tumaco y Norberto aún está esperando recibir una respuesta y medidas de protección.
Gobernador indígena recibe amenaza de muerte (Valle del Cauca)
El 21 de agosto, el gobernador indígena del municipio de El Cairo, Jhon Fredy Namundia Vélez, recibió una amenaza de muerte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que le ordenaba abandonar el país si valoraba su vida. Jhon Fredy es un objetivo porque denuncia los abusos de la AGC. Le dijeron que si no salía de la ciudad antes del 1 de septiembre, pagaría con su sangre.
Reserva del gobernador indígena de Pioyá recibe amenaza de muerte (Cauca)
La DDHPI informa que el 12 de septiembre, el gobernador de la Reserva Pioyá, Ovidio Hurtado, recibió una amenaza de muerte AGC. Esto indica que tanto Ovidio como el ex gobernador de Pioyá Fredy Alexander Campo Bomba están haciendo demasiado ruido. El AGC considera que son objetivos militares.
Reserva del gobernador indígena de Nunalvi Altulbi recibe amenaza de muerte (Nariño)
El 22 de agosto, Aura Melba López, gobernadora de la Reserva de Pueblo Awá de Nunalvi Altulbi, recibió un mensaje dirigido al líder indígena Ruber Dagoberto Palmo afirmando que él y Aura Melba López se estaban entrometiendo en asuntos que no deberían ser. El mensaje sigue diciendo que el grupo los está siguiendo y planea elegir matarlos.
Los paramilitares pasan libremente a pesar de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia)
FOR informó que a mediados o fines de agosto, varios paramilitares vestidos de camuflaje y con armas de asalto fueron vistos caminando por los asentamientos de la Comunidad de Paz. La Comunidad de Paz, «Aldea de Paz Luis Eduardo Guerro», ha alegado que tres comandantes paramilitares han lanzado amenazas contra miembros de la Comunidad de Paz, incluido un menor. Según los informes, los paramilitares tienen una «lista de asesinatos» que incluye a los actuales y antiguos líderes de la Comunidad de Paz.
Líderes indígenas reciben amenazas de muerte del grupo paramilitar (Cauca)
El 21 de agosto, el Bloque Sudoeste de las Águilas Negras amenazó a varios líderes indígenas, incluidos miembros de ACIN. La amenaza establece que los días de estos líderes están contados y que se los encontrará dondequiera que se escondan. Esta es la 43ª amenaza de muerte que ACIN recibió en 2018.
Jiw líder indígena recibe amenazas de muerte y es ilegalmente detenido (Meta)
El 23 de julio, la ONIC informó que 12 hombres armados, vestidos con ropas negras y con máscaras, detuvieron al líder indígena Juan Ladino. Juan, un concejal jefe del Consejo Jiw, estaba trabajando con su familia cuando los hombres entraron y lo detuvieron a él y a su esposa durante 5 horas. Durante este tiempo, Juan fue interrogado acerca de su papel dentro de la comunidad Jiw y se le dijo que si miraba sus rostros sería asesinado. Antes de ser liberados, los hombres enmascarados le dijeron a Juan que si volvía a la zona sería asesinado al igual que su padre.
El ELN y grupos paramilitares en reservas indígenas (Chocó)
El 25 de junio, los grupos paramilitares y las guerrillas del ELN fueron avistados en las Reservas Indígenas del Río Domingodó y del Río Chintadó. En una manifestación en la que se solían dejar las reservas, el grupo guerrillero del ELN les dijo a los manifestantes que si los paramilitares llegaban a la reserva, habría violencia. Esta es una situación crítica ya que actualmente hay 12 líderes indígenas de la Reserva del Río Chintadó bajo amenaza.
Los líderes de la Asociación Nación Wayuu reciben amenazas de muerte (la Guajira)
El 3 de agosto, más de 15 líderes indígenas de las ciudades de Uribia y Manaure fueron amenazados con una carta de las Águilas Negras. La amenaza advierte a los líderes a abandonar el área en las próximas 48 horas o enfrentar la muerte.
Representante Legal del Grupo de Mujeres Amenazado (Meta)
Según Humanity V Force (Humanidad Vigente), el Bloque Central de las Águilas Negras circuló un volante a través de las redes sociales el 3 de septiembre dirigido a la representante legal de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (ASOMUDEM), María Cecilia Lozano . María Cecilia es una sobreviviente de la masacre de Mapiripán que también sobrevivió a un intento de asesinato en Villavicencio a principios de este año.
Líderes indígenas Embera Chamí bajo amenaza (Risaralda)
El 14 de junio, desconocidos ingresaron a la Reserva Embera Chamí. Amenazaron a los líderes indígenas Oscar Bernaza, Nelson Siágama, Hermeregildo Jaramillo, María Luz Nariquiaza y Araceli Nariquiaza. En El Alto del Cebo, seis hombres desconocidos amenazaron y robaron a Oscar Bernaza después de que le dijeran que él no era el que estaban buscando. Dejaron claro que estaban buscando a Nelson Siágama, Consejero del Consejo Regional Indígena de Risaralda, para asesinarlo. Además, se enviaron mensajes de texto amenazadores a los líderes indígenas Hermeregildo Jaramillo, María Luz Nariquiaza y Araceli Nariquiaza.
Seis familias indígenas amenazadas con desplazamientos forzados (Guaviare)
El 22 de agosto, la OPIAC informó que seis familias de la comunidad indígena Nükak Wayari Muno recibieron amenazas de muerte advirtiéndoles sobre las consecuencias de no abandonar sus tierras.
Hombres armados y mujeres vistos en la reserva de Caño Ovejas (Meta)
El 30 de julio, dos hombres armados vestidos de civil ingresaron a la Reserva de Caño Ovejas en busca de Reinaldo Rojas, un miembro de la comunidad Jiw. Los hombres preguntaron a varios miembros de la comunidad sobre el paradero de Rojas (también conocido como «Cocoto»). Antes de la situación y en un acto de solidaridad, todos en la comunidad les dijeron a los hombres que no sabían dónde estaba Reinaldo. Esta observación ocurre días después de que un grupo de hombres y mujeres armados que vestían ropa negra y camuflada fueron vistos cerca de Lote 3 de Pradera.
Violencia antisindical en aumento en Colombia
El 5 de septiembre, la Escuela Nacional del Trabajo (Escuela Nacional Sindical, ENS) destacó que los sindicalistas enfrentan cada vez más peligros. De acuerdo con la Base de Datos de Información de ENS sobre Derechos Humanos, del 1 de enero al 27 de agosto de 2018 hubo 14 homicidios, 6 intentos de homicidio y 134 amenazas. Este es un fuerte aumento en el número de incidentes de persecución y amenazas contra los sindicatos y sus miembros. La educación y la agricultura se encuentran entre los sectores más afectados por la violencia antisindical.
Líderes indígenas Zenú amenazados y solicitan mayor seguridad (Córdoba y Sucre)
El 13 de julio, el líder indígena Zenú y asesor comunitario Martín Darío Moreno Argüello solicitó mayores medidas de seguridad después de que uno de sus asesores fue amenazado. Ese día, hombres desconocidos ingresaron a la casa del líder indígena Rafael Turian y lo amenazaron por su participación como uno de los líderes de la Reserva Zenú. Arguello, un asesor de Turian, ha pedido a la UNP que incremente las medidas de seguridad y le proporcione un mejor vehículo blindado que su vehículo actual, un Renault Duster que a menudo se queda atascado en las áreas fangosas de los departamentos de Córdoba y Sucre.
Líder Social Seguido y Acosado (Putumayo)
La Comisión Intereclesial para la Justicia y la Paz (CIJ) denunció que el 13 de septiembre se siguió a la líder social Sandra Lagos de la Reserva de Granjeros de la Zona Perla Amazónica, ZRCPA. casa por un vehículo no identificado. Después de llegar a su casa en Puerto Asís, el vehículo permaneció en el parque con los dos hombres en diagonal desde su casa durante diez minutos. Sandra ha sido blanco de seguidores antes y ha pedido una mayor seguridad.
Protesta contra personas Embera atacadas por fuerzas especiales (Bogotá)
El 5 de septiembre, una unidad de las Fuerzas Especiales colombianas presuntamente atacó y hostigó a personas Embera desplazadas que protestaban por mejores condiciones de vida. Mientras los emberá esperan a que se establezcan planes de retorno, muchos viven en viviendas transitorias en Bogotá. En la protesta del 5 de septiembre, los manifestantes pedían mejores salarios y una mejor calidad de vida,
Activistas, políticos de oposición y otros amenazados por Black Eagles
En agosto de 2018, las Águilas Negras distribuyeron otra amenaza de muerte que contenía una lista de activistas, políticos y activistas de desplazados internos que considera eran objetivos militares. Entre los enumerados hay personas que trabajan en estrecha colaboración con WOLA, como Marco Romero (CODHES), Luz Marina Becerra (AFRODES), el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia Diversa, Somos Defensores y Jorge Rojas. La misiva también destacó a varias figuras políticas de la oposición como el senador Alexander López Maya, el senador Ivan Cepeda y Claudia López y los periodistas / humoristas Daniel Coronel y Matador. Las personas mencionadas son acusadas de ser guerrilleros que se hacen pasar por líderes sociales y activistas. Los Águilas Negras afirman que nada los detendrá, ni siquiera las medidas de protección, de exterminar a estas personas y sus familias. WOLA está particularmente preocupado por la seguridad de los líderes de IDP que figuran en la lista de amenazas y los miembros de AFRODES. Recientemente, visitamos Llano Verde (asentamiento de desplazados internos en Cali) por el cual todos los líderes del IDP estaban bajo constante amenaza y hostigamiento por parte de grupos armados ilegales. Instamos a que se tomen medidas para proteger a todos los que figuran en esta amenaza.
Incremento de amenazas de muerte contra líderes sociales en Ciudad Bolívar (Cundinamarca)
Según Canal 1, los líderes sociales en Ciudad Bolívar están siendo cada vez más atacados por las Águilas Negras. Se enfrentan a amenazas de muerte, extorsión y amenazas de secuestro.
Informe resalta la seguridad y la crisis humanitaria que enfrenta la población civil (Chocó)
El Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó (Foro Interétnico Solidaridad Chocó) publicó un informe el 14 de septiembre donde detallan la crisis humanitaria en el Chocó. Según sus hallazgos, la violencia, el conflicto armado y la criminalidad perpetrados por el Clan del Golfo, el ELN y otros grupos armados ilegales siguen afectando gravemente a la población civil. Los grupos continúan plantando minas terrestres, reclutando menores y robando animales de los granjeros. Estos grupos actúan con impunidad hasta el punto que organizan eventos deportivos y comunitarios sin repercusiones. Sus actividades conducen a desplazamientos forzados y confinamientos humanitarios. En las zonas urbanas, en particular Quibdó e Istmina, la tasa de homicidios ha superado la media nacional. El fenómeno de las «fronteras invisibles», por el cual los grupos armados ilegales imponen toques de queda y controlan a la población es preocupante. Según el informe, la violencia urbana se ve acentuada por el sistema penitenciario, ya que el hacinamiento, la ineficacia del sistema de justicia y la falta de programas para reintegrar a los ex prisioneros facilitan la actividad delictiva.
Las instituciones gubernamentales no pueden hacer frente a la escasez de alimentos y la desnutrición, problemas de salud y proporcionar servicios básicos de saneamiento a muchas personas en el departamento. La calidad y la cantidad de hospitales en el departamento siguen siendo deficientes. En las últimas tres semanas, 15 niños de diferentes comunidades murieron debido a la falta de acceso a atención médica básica. Estas circunstancias difíciles se ven agravadas por la degradación ambiental que se produce debido a la minería ilegal y la recolección de cultivos ilícitos. A pesar de las protestas públicas en agosto de 2016 y mayo de 2017 que llevaron a acuerdos con las autoridades, no ha cambiado mucho. FISCH llama a las autoridades colombianas a implementar plenamente el Capítulo Étnico del acuerdo de paz de las FARC en la región. También insta al Gobierno y al ELN a elaborar un plan humanitario para mitigar el impacto del conflicto sobre los civiles. El informe completo se puede encontrar aquí.
Corte de Medidas de Protección del Defensor de los Derechos Humanos (Antioquia)
James Zuluaga, defensor de los derechos humanos de 30 años de Medellín, sobrevivió a 4 intentos de asesinato, incluido un disparo en las costillas. El 17 de agosto, el periódico El Espectador informó que el teléfono celular otorgado por el gobierno que se le había dado a James no había sido renovado. Además, su botón de pánico emitido por el gobierno solo ha funcionado una vez. Las medidas de protección de James requieren fortalecimiento.
Unión Piloto Víctima de Vigilancia Ilegal (Cundinamarca)
Esta semana, un informante de la oficina del Fiscal General reveló que el sindicato de pilotos independientes, ACDAC, responsable de iniciar la huelga de pilotos de Avianca el año pasado, fue interceptado ilegalmente por una compañía de seguridad privada vinculada a un ex general de la policía. Esta revelación es muy problemática, debe ser investigada y los perpetradores deben comparecer ante la justicia.
Smurfit Kappa Carton Company se involucró en Union Busting
SINTRACARCOL (el sindicato nacional de trabajadores del cartón) informa que Smurfit Kappa Carton Company está involucrada en el bloqueo sistemático de la actividad sindical. La empresa ha denegado permisos sindicales a los trabajadores para que los trabajadores de las fábricas de Bogotá y Medellín puedan reunirse para ejercer sus derechos sindicales. Varios sindicalistas fueron despedidos, se les rescindió la protección sindical y / o se enfrentaron a procedimientos disciplinarios. Entre los destinatarios están los directores sindicales que incluyen a Yair Giraldo, Ricardo Hernández, Fardy Garrido, Jorge Agudelo, Humberto Ovalle y Ferdinando Rodríguez. WOLA insta al Ministerio de Trabajo de Colombia y al Departamento de Trabajo de los EE. UU. A investigar estos reclamos y garantizar los derechos de los sindicalistas.
La Unión Minera decide iniciar una huelga (Valle del Cauca)
El 27 de agosto, los Trabajadores Nacionales de Transporte y Logística (Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística, SNTT) que trabajan en el puerto TCBUEN de Buenaventura votaron a favor de la huelga. Con el 82% del sindicato a favor de una huelga, el tono ha cambiado entre los trabajadores y la empresa multinacional que los emplea, APM Terminals. La Agencia de Información Laboral (AIL) informó que las dos partes tienen planes de reunirse y negociar un trato mucho más beneficioso para los trabajadores en huelga.
Compañía petrolera bloqueada de perforación en reserva indígena (Putumayo)
El 24 de agosto, el diario El Espectador informó que un juez de Putumayo se trasladó para bloquear la empresa petrolera inglesa Amerisur Resources, de la perforación en una región del Putumayo que abarca tierras controladas por el pueblo Siona. Además, la Agencia Nacional de Tierras también ordenó que se instale una valla alrededor de la Reserva de Buenavista para dejar en claro que pertenece a la comunidad de Siona. Una gran victoria para los Siona, pero sus líderes permanecen atentos, ya que saben que Amerisur planea tomar represalias más temprano que tarde.
Traducido Con Google Traslate
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Sinceramente,
Gimena Sánchez
Director para los Andes
Killings, Threats Against Colombia Human Rights Leaders Continue